El pasado 21 de Diciembre, el Congreso de los Diputados votó la ley de economía sostenible, que incluía la polémica “ley Sinde”. Esta ley recibe el nombre de la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, pero los internautas la llaman así por ser el comienzo de “sin descargas, sin derechos”. Afortunadamente, la ley no se aprobó, pero la polémica continúa.
Todo este problema y la propia ley Sinde, surgen a raíz de que el progreso en las comunicaciones de las últimas décadas, que ha alcanzado su cumbre con Internet, a las asociaciones de autores y los autores no les gusta, porque les hace perder dinero. El problema es simple: ¿quién va a pagar el producto que estos autores venden, cuando puede adquirirlo gratuitamente?
Sin embargo, la posición de los autores, aunque resulta comprensible, no tiene ninguna lógica. Primero, porque aunque pierdan dinero siguen ganando una cantidad que muchos no veremos junta en la vida. A los datos me remito: la asociación de autores Cedro perdió un 41% de los beneficios entre 2008 y 2009. Pero, ¿Cuánto ganó? 24,46 millones de euros. A cuantos nos gustaría tener una fortuna tal, que podamos permitirnos perder un 41% y ganar 24,46 millones. A muchos. Por no mencionar que hay gente en el mundo que no tiene para comer. Todo esto, insisto, mientras algunos ganan 24,46 millones y se quejan.
Además, aquello contra lo que van, las descargas, es algo que lleva practicándose, en menor medida, desde tiempos inmemoriales. Si no, que levante la mano el que nunca haya comprado un libro (o un DVD) y tras leerlo (o verlo), se lo haya prestado a alguien. El problema es, que con Internet, esto se masifica hasta tal punto que provoca pérdidas millonarias. Pero que nadie diga que el fenómeno no existía. Porque, de hecho, la propia administración, que quiere cerrar ahora las webs, impulsa esos préstamos de libros, DVDs… mediante bibliotecas y entidades similares.
Otra cosa sería, si se pretende cobrar ese intercambio de cultura. Esa es la auténtica piratería. El “top manta” por ejemplo, cobra una cantidad por una copia de un DVD, mientras que las descargas son gratuitas. Ese simple hecho implica que las descargas son simples intercambios de cultura entre la población, que no pueden ni deben ser aplastadas de ningún modo. Por ello, muchos internautas, con toda la razón, califican el intento de ley del gobierno como un ataque a las libertades y derechos de la democracia.
Concluyendo, y esto es pura imaginación mía, me pregunto si esto no habrá sido un mero intento del gobierno de contentar a los autores mientras intentaba desviar la atención de temas más importantes, y de coste electoral más alto, como la gestión de la economía, la reforma de las pensiones, y un largo etcétera.
